La actividad se llevó a cabo en el salón de reuniones de la Brigada Criminalística de la PDI de Vicuña, y en la ocasión se expusieron los alcances de las leyes de participación ciudadana y antidiscriminación.

 Alrededor de 60 personas entre funcionarios públicos, estudiantes y dirigentes fueron capacitados por profesionales del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la ley 20.500 de Participación Ciudadana y la ley 20.609 sobre No Discriminación, conocida como Ley Zamudio.

La actividad se llevó a cabo en el salón de reuniones de la Brigada Criminalística de la PDI de Vicuña, y en la ocasión se expusieron los alcances de ambas leyes: la de participación ciudadana y sus principales objetivos, así como las mejoras que se le deben hacer, y también se trataron conceptos fundamentales como estigmatización, estereotipos, tipos de discriminación, entre otros,  que ayudan a entender lo sutil del tema y las acciones que pueden llevar a un ser humano a discriminar, y por otra parte a una persona a distinguir cuándo está siendo víctima de una discriminación.

Claudia Ahumada, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vicuña, destacó esta alianza estratégica entre el organismo de Gobierno y el municipio para acercar estos temas a la  sociedad civil, “ambas leyes tienen que ver con el tema de la participación ciudadana y nosotros como comuna no nos podemos quedar atrás de una serie de acontecimientos que estamos viviendo diariamente con la llegada de migrantes, las personas con discapacidad sufren habitualmente, y más bien todos en algún momento nos vemos expuestos a algún tipo de discriminación, por lo tanto conocer esta ley como funcionarios públicos, es sumamente importante porque nos permite tener claro dónde acceder y qué hacer en caso de vernos expuestos a una situación de estas características”.

A cargo de la ponencia de participación ciudadana estuvo Alyson Arenas, agradeciendo la convocatoria, “es una ley que está súper en boga y ya se le están proponiendo cambios para que la participación esté más fortalecida”, la profesional señaló que el programa considera, “certificar a las instituciones de los municipios y a los funcionarios públicos, por eso al finalizar les aplicamos un cuestionario donde queremos saber si aprendieron sobre la ley en este caso” precisó Arenas.

La cientista política Tamara Astudillo, profesional de apoyo de la Unidad de Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia estuvo a cargo de la exposición de la ley 20.609. Quien inspiró esta ley fue Daniel Zamudio, un joven homosexual, quien fue brutalmente asesinado y dejó al descubierto la intolerancia reinante. Lo controvertido, violento e impactante del caso de este joven chileno, dio origen a esta iniciativa, más conocida como Ley Zamudio. Su objetivo apunta a sancionar de manera efectiva cualquier caso de discriminación, “vemos algunos conceptos, también repasamos un poco lo que es la materia legal internacional en donde apoyamos esta ley que son tratados, pactos, convenciones que ha suscrito Chile y que se relacionen con la temática de derechos humanos, y en la última parte se explica en profundidad lo que dice la ley” señaló la profesional.

Vicente Rodríguez, ciudadano vicuñense asistió a  esta jornada, considerando valiosa la información recibida, “en la primera exposición de la ley de participación ciudadana estuvimos más prestos a oír lo que se clarificó de esta iniciativa, las mejoras que se solicitaron a esta ley, y esta segunda que tiene que ver con la ley 20.609, un diálogo y una clarificación sobre una ley que hacía falta a Chile a la hora de hablar de este tipo de temas como la discriminación, yo considero que la gente ha ido tomando conciencia en cualquiera sea el área, porque es muy diverso, el tema da para mucho, pero se tiene una conciencia más amplia hoy, como se mencionó en el taller es necesario enseñar desde los más pequeños a no discriminar ”.

Dentro de sus aspectos generales esta ley “tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”.

Y   “corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” dice en su primer artículo.